La secretaria general de la Intendencia, Gabriela Gómez, encabezó en el Centro Cultural Gobbi la apertura del curso “La violencia institucional de género en el ámbito estatal”, a cargo del Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) y coordinado en Paysandú por la Secretaría de Género, Generaciones y Derechos Humanos de la Intendencia en el marco del Mes de la Mujer.
“Cuidar y resguardar”
A cargo de la responsable de la Unidad de Género del INDDHH, Rossana Medina, el curso estuvo dirigido a equipos de trabajo de las Intendencias de Paysandú, Salto y Artigas que habitualmente desempeñan sus tareas en ámbitos donde pueden presentarse situaciones de discriminación basada en género.
En la apertura, Gabriela Gómez consideró que las instituciones tienen la responsabilidad de “cuidar y resguardar” los Derechos Humanos en el desempeño de sus diferentes competencias, en tanto indicó que actualmente la discriminación basada en género representa una temática “sumamente importante” que debe ser debidamente contemplada y atendida desde el marco institucional, dejando de lado “los discursos vacíos” para pasar a la acción concreta.
De acuerdo al INDDHH, la violencia institucional es “aquella que es ejercida por agentes del Estado; sea realizada a través de normas, prácticas institucionales, negligencias u omisiones en detrimento de una persona o grupos de personas”.

Agrega que este fenómeno “se caracteriza por el uso del poder del Estado para causar daño y reforzar los mecanismos establecidos de dominación”, en tanto establece que el funcionario público incurre en esta práctica “cuando no asume la responsabilidad del servicio que tiene encomendado; incumple el principio de igualdad ante la ley; no proporciona un trato digno a las personas, omite brindar protección a la integridad física, psíquica y social de las mujeres; y obstaculiza el acceso a la justicia y a una tutela judicial efectiva”.
“Herramientas sustantivas”
Medina explicó que una situación de violencia de género puede generarse “en cualquier tipo de servicio que prestan los gobiernos departamentales” y por tanto es importante reconocer estos fenómenos e instrumentar, a partir de cursos de estas características, “las prácticas para prevenirlos” en coordinación con las unidades especializadas en género y Derechos Humanos.
Marisa Acosta agregó que la capacitación también estuvo dirigida a las comisiones departamentales integradas por organismos como el Mides, INAU y Fiscalía, así como instituciones vinculadas a la Salud y la Vivienda.
“Estas herramientas son sustantivas para que, desde la función pública, podamos brindar un servicio de primer nivel”, afirmó.




