los alamos demolicion 010Como satisfactoria se define la actuación de la Inspectoría de Control Territorial a unos 7 meses de su creación. La encargada del área, dependiente de la Dirección de Obras, destacó logros en el control de la ocupación de espacios inundables. Según Claudia Moroy la Intendencia de Paysandú es pionera en la aplicación de políticas de control territorial.

La herramienta y sus objetivos

La Inspectoría de Control Territorial fue creada por resolución del Intendente Caraballo en febrero del año en curso. Las acciones en el territorio se iniciaron, efectivamente, el 12 de mayo totalizando al momento 37 intervenciones.

La política departamental se enmarca en los preceptos que establece la Ley de Ordenamiento Territorial (Nº 18308) que determina la injerencia de la Intendencia en cuanto impedir la construcción de viviendas en zonas no autorizadas para ese fin.

Históricamente la ciudad ha sufrido episodios de desbordes del río Uruguay y los arroyos Sacra y La Curtiembre, situaciones provocadas por altos registros de precipitaciones en cortos lapsos y que en los últimos tiempos se han dado con asiduidad.

Ante ese escenario, la Intendencia ha definido como una de sus líneas estratégicas fomentar construcciones en condiciones de seguridad, eliminando el uso de zonas inundables para fines residenciales y ocupando esos espacios para generar actividades y servicios que desfavorezcan la nueva ocupación.

La Inspectoría de Control Territorial es una herramienta que se impulsa desde la Unidad de Ordenamiento Territorial, como una oportunidad de generar acciones a partir de la información que resulta de estudios de carácter jurídico, ambiental, social y económico de las zonas inundables y con una fuerte presencia del cuerpo inspectivo.

La acción en consenso

“Si bien contamos con un Protocolo de Actuación que habilita a llegar a la demolición si es necesario, en la mayoría de los casos se lograron acuerdos con las familias para que desocupen voluntariamente. En línea con esta idea de manejar el consenso con los vecinos, muchos de los casos han finalizado por acuerdo”, explica Claudia Moroy, encargada de la inspectoría.

Respecto al mecanismo del trabajo, informó: "se hace una constatación de la situación, luego se intima y se da vista; se da un plazo de intimación para que desarmen la construcción, y después corre la vía administrativa y en esas situaciones es donde tratamos de concurrir con la Policía cuando es necesario y de alguna manera disuadir, con la idea de no tener que llegar a la demolición”.

Moroy destacó que la Administración tenga “la firme decisión de que si hay que llegar a una demolición, con las garantías administrativas del debido proceso, se lo haga”.

El protocolo también prevé que si funcionarios municipales, destinados a otras tareas, detectan situaciones de irregularidad deben informarlo a la Inspectoría al tiempo que habilita actuaciones a partir de denuncias de los propios vecinos.

"Nos encontramos con presencia permanente en el territorio con el fin de poder llegar lo antes posible, porque la reacción inmediata hace a la eficacia de la actuación. No es lo mismo cuando se llega a una construcción completamente terminada que cuando se está comenzando y se encuentra otra alternativa y se puede llegar a tiempo", afirmó Moroy.

Asimismo se coordina con la Dirección de Desarrollo Humano y Social para que las familias en situación de vulnerabilidad tengan la asistencia necesaria y el acompañamiento en este proceso.

Coordinación interinstitucional

En algunas zonas particulares, caso del barrio La Chapita, se trabaja en coordinación con otras instituciones. Resulta necesario “marcar presencia para evitar nuevas ocupaciones”.

Al respecto, la resignificación de esos espacios liberados será un paso importante para evitar que se regrese a la situación anterior y para ello se está generando un proyecto junto a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), a la vez que se sigue trabajando junto al Ministerio de Vivienda.

El balance positivo

Claudia Moroy dijo a esta Secretaría que la evaluación de estos primeros meses de actividad es satisfactoria, logrando los objetivos de desestimular las nuevas ocupaciones en zonas que se inundan y generar conciencia sobre el asunto. La Intendencia trabaja para asegurar mejores condiciones de vida de la población y promover la integración social en espacios ambientalmente sostenibles.

Moroy hizo notar la condición de “pionera” de Paysandú en cuanto a la implementación de políticas de control territorial, generando incluso el interés de otras Intendencias que se encuentran comenzando a transitar un camino similar.

 

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